Glosario de términos jurídico-agrarios – Procuraduría Agraria

Abogado agrario. Licenciado en derecho que desarrolla su actividad principalmente en el ámbito agrario y ante los tribunales en esta materia. Para el ejercicio de sus atribuciones, la PA cuenta, entre otros servidores públicos, con abogados agrarios. Se denomina así al servidor público de la Institución que tiene una formación profesional como licenciado en derecho y que ha sido seleccionado, capacitado y evaluado por el organismo, con el fin de proporcionar los servicios que la LA y el RIPA le confieren; pertenece y es evaluado en el servicio profesional de carrera. Está acreditado para representar a los sujetos agrarios ante los tribunales agrarios y coadyuvar a la presentación por escrito de sus demandas, contestaciones y contrademandas. Otra función principal es la de orientar y asesorar a dichos sujetos. La estructura orgánica de la PA prevé la presencia de abogados agrarios en sus delegaciones y residencias, con el fin de contar con los profesionistas necesarios para el buen desempeño de las actividades de la Institución, en la procuración de justicia.
 
Abrogación. (Del latín abrogatio.) Es la supresión total de la vigencia y por lo tanto de la obligatoriedad de una ley. En el lenguaje técnico jurídico se distingue entre derogación y abrogación, refiriendo, en el primer caso, el que deja de surtir parcialmente efectos una ley u ordenamiento y, en el segundo, es la cesación total de estos. La LA derogó a la LFRA, así como diversa normatividad, la cual continúa aplicándose respecto de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite —denominado rezago agrario—, así como de otros en los que no se han emitido las disposiciones correspondientes.
 
Absolución de posiciones. Acto procesal en el que una de las partes contesta las preguntas contenidas en el pliego de posiciones, formulado por su contraparte durante el desahogo de la prueba confesional. En el juicio agrario, se ofrece y desahoga esta prueba, calificando el magistrado del tribunal unitario agrario que las preguntas contenidas en el pliego correspondiente tengan relación con la litis planteada y que no sean contrarias a la ley.
 
Acaparamiento de tierras ejidales. Se presenta cuando un ejidatario es titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor a 5% del total de las tierras del núcleo o del límite de la pequeña propiedad. La PA tiene atribuciones para recibir las denuncias, iniciar la investigación y turnar el expediente a la SRA para su resolución correspondiente.
 
Accesión. (Del latín accesio-onis, agregación de una cosa a otra.) Modo de adquirir la propiedad, por el cual el propietario de una cosa principal hace suyo lo que ella produce, lo que se le incorpora por obra de la naturaleza o por la mano del hombre. De acuerdo con la doctrina, la accesión comprende, además de la adquisición de las cosas accesorias, la adquisición de frutos, de una nueva especie u obra y la formación de copropiedad por confusión.
 
Accesión de aguas. Se denomina accesión el derecho al uso de las aguas que proporcionalmente corresponden a los terrenos concedidos por dotación, ampliación de ejidos o creación de nuevos centros de población ejidal. De acuerdo con la anterior legislación en la materia, se emitía el acuerdo correspondiente para formalizar el uso del agua. La LA dispone que el aprovechamiento de las aguas del ejido corresponde al propio núcleo y a los ejidatarios; la distribución, servidumbres de uso y de paso y demás aspectos relativos se regularán por lo dispuesto en la normatividad en esta materia.
 
Acción agraria. Es el derecho que ejercitaban, principalmente, los núcleos agrarios y los grupos campesinos carentes de tierras, la LFRA establecía 64 acciones dentro de las que destacaban la restitución, dotación de tierras, ampliación de ejido, creación de nuevos centros de población y reconocimiento y titulación de bienes comunales. La referida ley sigue aplicándose en materia de rezago agrario respecto de las acciones agrarias pendientes de resolución. La ley vigente en la materia mantiene los procedimientos de reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios, derivado de las acciones de restitución de sus tierras comunales, de un acto de jurisdicción voluntaria para acreditar la posesión que detentan, de una resoluciónen juicio cuando exista litigio respecto de las tierras y la conversión de ejido a comunidad.
 
Acción procesal agraria. Se entiende como un derecho abstracto de obrar, facultad inherente a la persona para requerir la intervención del Estado, ejercitando ese derecho. La acción procesal tiene como finalidad impulsar la actividad jurisdiccional de los tribunales y juzgados competentes, a efecto de que resuelvan o diriman una controversia puesta a su consideración. En materia agraria, pueden considerarse los actos que motivan las actividades realizadas por los tribunales agrarios dentro del juicio o procedimiento tendentes a resolver asuntos o litigios, sometidos a su consideración y de los cuales son competentes para conocer de conformidad con la normatividad aplicable. La LA dentro del juicio agrario establece que las partes dentro de la audiencia de ley harán valer todas las acciones y excepciones, sin substanciar artículo o incidentes de previo y especial pronunciamiento.
 
Acción social. Impulso coherente dirigido a la transformación de las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales o de cualquier naturaleza similar, que signifiquen un valor o interés general. Los programas que lleva a cabo el Sector Agrario tienen como finalidad ejercitar acciones a favor de la sociedad campesina, tendentes a elevar su bienestar.
 
Acciones serie “T”. El capital social de una sociedad propietaria de tierras agrí- colas, ganaderas o forestales, se divide en partes que se denominan acciones, en este caso los títulos que representan una parte del capital social, correspondiente a una serie especial denominada “T”, equivalente al capital aportado en tierras o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con su valor al momento de la aportación o adquisición. Ningún individuo podrá detentar más acciones de esta naturaleza que las que equivalen a la extensión de la pequeña propiedad. Estas acciones garantizan a sus titulares el derecho a recibir tierras en pago de lo que les corresponda en el haber social, al momento de la liquidación de la sociedad.
 
Aceptación de ejidatario o comunero. Determinación mediante la cual la asamblea de ejidatarios, órgano máximo de decisión del núcleo de población, otorga la calidad de ejidatario a alguno de sus integrantes, para lo cual se requiere ser: mexicano, mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o avecindado. A efecto de evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones por la asamblea en este rubro, los reglamentos internos de los ejidos generalmente contemplan los requisitos que debe cumplir un individuo para ser aceptado como ejidatario. En términos de la LA esta facultad también es exclusiva de las asambleas de comuneros, quienes podrán aceptar a nuevos miembros de la comunidad, cumpliendo con los requisitos precisados en el estatuto comunal y respetando sus usos y costumbres.
 
Acta constitutiva de una sociedad. Documento jurídico que crea una persona moral. En materia agraria, puede ser una sociedad mercantil o civil propietaria de tierras, o bien una sociedad rural. El acta constitutiva debe contener los  estatutos de la figura asociativa y otorgarse ante fedatario público e inscribirse en el RAN, así como en el registro público de la propiedad correspondiente. A partir de la inscripción, las sociedades contarán con personalidad jurídica.
 
Acta de asamblea. En materia agraria, es el documento levantado con motivo de la celebración de una asamblea de ejidatarios o comuneros; deberá formularse al término de la reunión y firmarse por quienes en ella participaron y que así deseen hacerlo e incluso podrán firmar bajo protesta. Las actas de asamblea que creen, modifiquen o extingan derechos de sus integrantes, deberán inscribirse en el RAN para que surtan efectos frente a terceros. En el acta debe asentarse lugar, fecha y hora de su celebración, quiénes participan, el orden del día y su desahogo, así como los acuerdos tomados. Para las asambleas de formalidades especiales el acta deberá ser firmada por el fedatario público que intervenga en la reunión y por el representante de la PA. Igualmente, se elaboran actas de asamblea de las reuniones de las diferentes sociedades y figuras asociativas de las que son integrantes los sujetos agrarios, con las formalidades establecidas en la normatividad aplicable y de acuerdo con sus estatutos o documento que norme su funcionamiento.
 
Acta de audiencia conciliatoria. Es el documento que formulan los servidores públicos de la PA, para registrar los hechos acontecidos durante la audiencia conciliatoria, insertando los acuerdos a que hayan llegado las partes; se asienta en el acta lugar, día y hora de su celebración, los nombres y demás generales de los comparecientes y los documentos con que acreditaron su personalidad e interés jurídico.
 
Acta de ejecución. Documento en el que se consigna la diligencia de ejecución y entrega material de las tierras dotadas o reconocidas por resolución presidencial o sentencia de los tribunales agrarios, a favor de un grupo solicitante de tierras o de una comunidad en posesión de las mismas. La derogada LFRA establecía que en la ejecución debían participar el comisionado por la autoridad agraria, los beneficiados o sus representantes y los pequeños propietarios afectados por la resolución de la acción agraria, sin que la ausencia de estos últimos suspendiera la diligencia de entrega. En este documento se insertaba la descripción de las tierras y bienes concedidos, su ubicación colindantes y bienes concedidos o reconocidos, además de cualquier otro acto o hecho que se hubiere presentado con motivo de la posesión y deslinde de las tierras concedidas. El acta debía ser firmada y estampada la huella digital de los representantes del núcleo y, en su caso, los integrantes que participaran en la diligencia y firmada por el comisionado de la SRA que intervenía en la ejecución. Dicha acta forma parte de la carpeta básica del núcleo, actualmente, también conocida como carpeta agraria.
 
Acta de posesión y deslinde. Documento que se levanta con motivo del cumplimiento de resoluciones presidenciales o sentencias de los tribunales agrarios, respecto de procedimientos dotatorios y de reconocimiento de bienes comunales entre otras acciones. También este documento se elaboraba con motivo de la ejecución de mandamientos del gobernador del Estado en acciones biinstanciales. Dicho documento forma parte de la carpeta básica de los núcleos ejidales y comunales y en él se determinan los terrenos entregados a los grupos solicitantes de tierras, su localización y la conformidad del núcleo con los terrenos concedidos.
 
Acta notarial. La Ley Notarial del Distrito Federal, define al acta notarial como el instrumento original autorizado, en el que se relacione un hecho o acto jurídico que el notario público asiente en el protocolo bajo su fe, a solicitud de parte interesada.
 
Acto administrativo. Será considerado acto administrativo la declaración unilateral y concreta del órgano ejecutivo que produce efectos jurídicos e inmediatos; en ocasiones, el acto que realiza un órgano de la administración pública, regulado por la normatividad aplicable, crea derechos, obligaciones o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa. Las instituciones del Sector Agrario como integrantes del Poder Ejecutivo Federal, en términos de la LA realizan actos administrativos, que en algunos casos crean o reconocen derechos, por ejemplo, la expedición por parte de la SRA de títulos de terrenos nacionales o del RAN con la emisión de certificados y títulos respecto de tierras de uso común, parcelas o solares.
 
Acto de autoridad. Son los que ejecutan las autoridades por medio de facultades decisorias y, en ocasiones, mediante el uso de la fuerza pública y que con base en disposiciones de facto pretenden crear obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. Los actos de autoridad son impugnables en juicio de amparo. Son impugnables en juicios de amparo cuando es emitido por el órgano del Estado, de manera unilateral, imperativa y coercitiva.
 
Actor. Es la persona que ejercita acción procesal mediante la interposición de la demanda ante un órgano jurisdiccional. También al actor se le llama demandante. En materia agraria, el actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia, en este supuesto se requiere a la PA para que coadyuve en su formulación e interposición ante los tribunales agrarios.
 
Actuación de oficio. Facultades establecidas legalmente por las que una dependencia o entidad ejercita acciones sin necesidad de promoción de parte interesada. La PA interviene de oficio cuando se presuma que la asignación de tierras de ejidos o comunidades se realizó con vicios, defectos graves o que se pueda perturbar el orden público; designando comisario representante de los ejidatarios en la constitución de una sociedad mercantil o civil, y denunciando el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y empleados de la administración de justicia agraria, así como los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito o faltas administrativas.
 
Actuaciones judiciales. Alude a la actividad de los órganos del Poder Judicial Federal en el desempeño de sus funciones. Desde el punto de vista objetivo, se entiende por actuaciones judiciales las constancias escritas y fehacientes de los actos realizados en un procedimiento judicial. En la materia, en juicio agrario estas actuaciones se desarrollan dentro de los procedimientos instaurados ante los tribunales agrarios.
 
Actuario. Funcionario judicial adscrito a un juzgado o tribunal, encargado de realizar las notificaciones de los acuerdos y resoluciones, así como de otras diligencias, de acuerdo con la normatividad que establece sus funciones. La ley de la materia establece que dentro del juicio agrario, el secretario del tribunal o el actuario efectuará el emplazamiento al demandado en el lugar que designe el actor. La LOTA dispone que los actuarios de los tribunales agrarios deberán contar con título de licenciado en derecho y como obligaciones: recibir las actuaciones que le sean turnadas y practicar las notificaciones y diligencias ordenadas por los tribunales; devolver las actuaciones, previas las anotaciones correspondientes, y llevar el libro en el que se asienten diariamente las diligencias y notificaciones que lleva a cabo.
 
Acuerdo de radicación (auto de admisión). Acto procesal mediante el cual el juez del conocimiento admite una demanda a trámite y ordena inicie el juicio o procedimiento correspondiente. En materia agraria, el magistrado ordena la radicación del juicio si la demanda cumple con los requisitos establecidos en la ley. La PA de manera administrativa emite acuerdos de radicación en los procedimientos de quejas y denuncias, conciliación, arbitraje, entre otros.
 
Acuerdo Nacional para el Campo. Instrumento formalizado el 28 de abril de 2003, entre el Ejecutivo Federal y las organizaciones campesinas y de productores de México, por virtud del cual se establecen diversos compromisos y las condiciones para que la soberanía y seguridad alimentarias, y el desarrollo de la sociedad rural, sean alcanzados mediante una política de Estado. Dicho Acuerdo contiene 30 considerandos, 16 principios rectores y 282 compromisos. El numeral 254 del referido Acuerdo determina fortalecer a la PA como ombudsman agrario, ajustando sus funciones a las asignadas en la C y LA, mediante su reingeniería organizacional y la reasignación de funciones dentro del Sector Agrario.
 
Acuerdos agrarios. Convenios suscritos entre la Secretaría de la Reforma Agraria y las organizaciones campesinas, que tenían como objetivo, con motivo del rezago agrario jurídico o administrativo, establecer vías alternas de solución a los núcleos afectados por dichos rezagos, mediante apoyos para proyectos productivos, compra de tierras, compensaciones económicas, expropiación de terrenos, regularización de posesiones precarias, etc. Actualmente, son atendidos los planteamientos de las referidas organizaciones por dicha dependencia, en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo de abril de 2003, formalizado por las centrales campesinas, productores rurales y el Gobierno Federal.
 
Acumulación. Se presenta cuando la decisión de dos o más litigios exige la comprobación, constitución o modificación de relaciones jurídicas derivadas, en todo o en parte del mismo hecho, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando dos o más juicios deben resolver total o parcialmente una misma controversia. De aplicación supletoria a la legislación federal civil adjetiva en materia agraria, de presentarse las hipótesis señaladas, los tribunales agrarios por sí o a petición de parte acuerdan la acumulación de demandas o expedientes.
 
Achuramiento. Forma de representar una superficie en el plano interno de los núcleos agrarios a través de un rayado diagonal, que señala un área que presenta conflicto con algún(os) colindante(s), una superficie en excedencia o un área especial. En los trabajos de medición y delimitación de tierras al interior del núcleo de población con motivo del PROCEDE, en algunas ocasiones se localizan superficies cuyo destino y asignación no es procedente al no acreditarse la propiedad del ejido o comunidad con motivo de un conflicto por límites, excedencia, demasía, expropiación, etc. Una vez resuelto el conflicto o subsanada la indefinición jurídica y comprobado que la superficie es patrimonio del núcleo, el RAN, con la documentación correspondiente, deberá elaborar el nuevo plano, incluyendo dicha superficie así como la del poblado.
 
Adjudicación. (Del latín adjudicatio-onis, acción y efecto de adjudicar, de ad, a, y judicare, juzgar.) Declarar que una cosa corresponde a una persona o conferírsela en satisfacción de algún derecho. Se refiere al acto por medio del cual una autoridad competente atribuye o reconoce a una persona el derecho de gozar de un bien patrimonial. En la legislación anterior en materia agraria, la adjudicación principalmente se dio como consecuencia de la privación de derechos agrarios respecto de la unidad de dotación. En términos de la normatividad vigente, los tribunales unitarios agrarios al resolver las acciones ejercitadas pueden, como consecuencia, determinar la adjudicación (o reconocimiento) de derechos individuales a sujetos agrarios sobre terrenos en ejidos y comunidades.
 
Adjudicatario. Persona física que reúne los requisitos de ley, a quien se adjudica un derecho real o personal. En materia agraria este término se utiliza con frecuencia para designar al ejidatario o comunero al que se le adjudica una unidad de dotación o parcela.
 
Administración pública. Es la organización especial del Estado creada con el objeto de cumplir la función de satisfacer los intereses colectivos. No tiene personalidad jurídica propia ya que constituye uno de los conductos por los cuales se manifiesta el Estado. Suele identificársele como la prestación de servicios públicos que atienden las necesidades de la colectividad.
 
Adopción del dominio pleno. Es la acción que ejercita el ejidatario con autorización previa de la asamblea de formalidades especiales, por virtud de la cual la parcela sobre la cual tiene derechos cambia de régimen a propiedad plena del ejidatario titular y se sustrae del patrimonio del ejido; para formalizar esta figura, el ejidatario deberá solicitar al RAN la expedición del título de propiedad correspondiente y la cancelación de la inscripción de la parcela como propiedad del ejido; el referido título deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. Cubiertas estas formalidades la parcela se rige por el derecho común. Cabe mencionar que es requisito para que la asamblea autorice el dominio pleno, que las parcelas objeto del acuerdo hayan sido delimitadas y asignadas de conformidad con la normatividad. La adquisición del dominio pleno es potestativa de cada ejidatario.
 
Adquisición de derechos agrarios. De conformidad con la Ley Agraria, la adquisición de derechos en la materia puede ser mediante la sucesión, cesión de derechos, acuerdo de asamblea o resolución de los tribunales agrarios en juicios de prescripción.
 
Afectación agraria. Durante la etapa política del reparto agrario, así se designó al conjunto de medidas que la Federación o los estados realizaban dentro de la competencia que les otorgaba la legislación agraria aplicable, para imponer a la propiedad privada las modalidades que dictara el interés público; en tales circunstancias, se satisfacían necesidades agrarias a favor de los grupos de campesinos solicitantes de tierras. Actualmente los asuntos considerados de rezago agrario relacionados con expropiación (afectación de tierras), a partir de la modificación constitucional del año de 1992 y en términos de la  vigente, son resueltos por el Tribunal Superior Agrario.
 
Agostadero. Terreno donde pasta el ganado. Lugar cuya vegetación consumenlos animales como alimento, junto con otros elementos que encuentren y que necesitan para subsistir. El coeficiente de agostadero es el número de hectáreas suficientes para sostener una unidad animal y varía según las condiciones de clima, suelo y vegetación de la región. Dicho coeficiente sirve para determinar los límites de la pequeña propiedad ganadera, de acuerdo con la normatividad, es decir, la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor.
 
Agravio. En términos generales, se entiende como la afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, comúnmente a través de una resolución judicial o acto de autoridad. También cada uno de los motivos de impugnación expresados en las demandas de amparo y recursos de apelación o de revisión contra una resolución emitida en primera instancia.
 
Aguas de propiedad nacional. De conformidad con la C, son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; la de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y afluentes directos o indirectos; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes cuando su cause sirva de límite al territorio nacional, a dos entidades federativas; las aguas de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riveras, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riveras de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; y las que se extraigan de las minas y de los lagos y corrientes interiores.
 
Aguas de propiedad privada. Son aquellas que tienen su origen dentro de un predio de propiedad privada, recurso que brota como fuente natural, o bien a través de obras que permiten la captación de aguas subterráneas, como pozos y cisternas; en otros casos se almacenan las aguas fluviales mediante presas. En términos de la C, las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno; pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización al igual que para las demás aguas de propiedad nacional; cualesquiera otras aguas no consideradas como nacionales, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos.
 
Aguas ejidales o comunales. Son aquellas cuyos afluentes se localizan dentro de las tierras de los núcleos agrarios, su uso y aprovechamiento corresponde a los propios ejidos o comunidades y a los ejidatarios o comuneros, según se trate de tierras comunes o parceladas. La distribución, servidumbre de uso o de paso, mantenimiento, contribuciones, tarifas, transmisiones de derechos y demás aspectos relativos al uso de volúmenes de agua de los núcleos se regirán por lo dispuesto en la normatividad aplicable. Los núcleos de población ejidal o comunal beneficiados con aguas derivadas de distritos de riego u otros sistemas de abastecimiento están obligados a cubrir las tarifas aplicables. Los aguajes comprendidos dentro de las tierras ejidales o comunales y que no han sido legalmente asignados en lo individual, serán de uso común y su aprovechamiento será conforme lo disponga el reglamento interno o estatuto comunal o, en su defecto, de acuerdo con la costumbre de cada poblado, siempre y cuando no se contravenga la ley de la materia.
 
Alegatos. (Del latín allegatio, alegación en justicia.) Es la exposición oral o escrita de los argumentos de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones una vez agotada la etapa probatoria y con anterioridad a la emisión de la sentencia de fondo en las diversas instancias del proceso. Los alegatos también se presentan en el juicio de amparo a favor de los terceros perjudicados o con interés en el juicio.
 
Almoneda pública. Venta pública de bienes que realiza una autoridad judicial o administrativa enajenándolos al mejor postor. La ley de la materia prevé esta figura respecto de la asignación de derechos de alguna parcela ejidal o comunal, cuando los sucesores de un ejidatario o comunero, teniendo iguales derechos, no logran ponerse de acuerdo para determinar quién debe suceder al titular, por lo que el tribunal agrario provee lo necesario para esta venta, entre los ejidatarios y avecindados del núcleo, adjudicando los derechos al mejor postor. De igual forma los gobiernos de los estados podrán enajenar por esta vía, también conocida como subasta pública, los excedentes de la pequeña propiedad y de las sociedades civiles o mercantiles propietarias de tierras, una vez concluido el procedimiento establecido en el que se comprobó que rebasaron los límites de la propiedad establecidos en la C y la LA.
 
Allanamiento a la demanda. Acto jurídico procesal que implica asumir por el demandado las prestaciones contenidas en la demanda o en la reconvención, en la que se conforma, expresa e incondicionalmente, con las pretensiones que se le reclaman. Esta figura jurídica no se precisa en la LA, aun y cuando es aplicable de manera supletoria el CFPC; equiparable al allanamiento, la ley de la materia establece que cuando el demandado confiese expresamente la demanda en todas sus partes y explicados sus efectos jurídicos por el magistrado, cuando la confesión sea verosí mil apoyada en otros elementos de prueba y esté apegada a derecho, el tribunal pronunciará sentencia de inmediato.
 
Ámbito de competencia. Espacio dentro del cual una autoridad jurisdiccional, de conformidad con la normatividad aplicable, ejerce sus facultades para conocer y resolver los conflictos que le son planteados. En la materia, el Tribunal Superior Agrario determina el ámbito de competencia de los tribunales unitarios agrarios, mediante la emisión de los acuerdos de competencia territorial correspondientes.
 
Amigable composición. (Del latín amicabilis, lo amistoso, propio de amigos.) Forma de solucionar conflictos de intereses entre las partes por obra de terceros, amigos de ambas, sin sujetar sus procedimientos a normas de derecho vigentes y apegarse para la decisión a la equidad y buena fe. En materia agraria, es la invitación que realiza el magistrado del tribunal unitario agrario a las partes en el juicio antes de dictar sentencia, para que lleguen a un acuerdo que, en su caso, resuelva el conflicto.
 
Amojonamiento. Trabajos que tienen como finalidad delimitar una propiedad o posesión por medio de señalamientos hechos de piedra o cemento denominados mojoneras, las cuales fueron sustituidas mediante estacas o señales de materiales durables. Esta forma de delimitación fue utilizada en la ejecución de resoluciones presidenciales dotatorias, restitutorias de tierras o confirmatorias de bienes comunales.
 
Ampliación de ejido. Acción que ejercitaba un grupo de campesinos carentes de tierras en un ejido constituido, de conformidad con la normatividad aplicable. En la legislación agraria vigente no existe esta acción de ampliación; sin embargo, está contemplada en los casos de rezago agrario. (Véase art. 3º transitorio del DRA 27, LFRA arts. 272 y 325 y LA 3º transitorio y “Acciones agrarias” y “Resoluciones presidenciales en materia agraria”.)
 
Aparcería. Explotación agrícola con base en un contrato entre el propietario de la tierra y el campesino que la trabaja, por virtud del cual este último toma el nombre de aparcero y se compromete a pagar al titular, en concepto de arriendo, una parte de los productos de la explotación. En la LA los ejidatarios y comuneros tienen el derecho de celebrar este tipo de contratos con integrantes del núcleo o con terceros. (Véase LA arts. 45 y 79 y “Contrato”.)
 
Apelación. (Del latín apelare). Se trata de un recurso ordinario que promueve alguna de las partes, solicitando al tribunal de segundo grado una valoración respecto de la resolución dictada por un juez de primera instancia, con el objeto de que, en su caso, la revoque o modifique. En materia agraria se cuenta con el recurso de revisión que podrá promoverse en contra de las sentencias de los tribunales unitarios agrarios y que resuelve el Tribunal Superior Agrario, cuando el fondo del asunto se refiere a cuestiones relacionadas con los límites de tierras entre núcleos o de estos con pequeños propietarios o sociedades; a la restitución de tierras ejidales o comunales, y a la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria. (Véase LA art. 198, LOTA art. 9º y “Recurso de revisión en materia agraria”.)
 
Apeo y deslinde. (Apear, del latín appedare, de pedare, sostener, deslindar, y delimitare, señalar y distinguir los términos de un lugar, provincia o heredad). Acción de medir, delimitar, amojonar y delimitar un inmueble. Estos trabajos de campo han sido utilizados para la ejecución de resoluciones presidenciales y de sentencias de los tribunales agrarios, principalmente en acciones dotatorias de tierras y de reconocimiento de bienes comunales. Actualmente en el juicio agrario previsto por la legislación vigente, las diligencias o trabajos de apeo y deslinde (pericial topográfica) son una prueba comúnmente ofrecida por las partes en los litigios originados por la restitución y posesión de parcelas o de terrenos del núcleo. (Véase LFRA arts. 307, 342; LA art. 186; “Servicios periciales”.)
 
Apertura de lista de sucesión. Acto jurídico que se realiza después del fallecimiento de un ejidatario, comunero o posesionario titular de derechos agrarios. Dicho acto se lleva a cabo en la delegación del RAN correspondiente, a petición expresa de la persona que cuenta con interés y personalidad jurídica para promover este procedimiento, dentro del cual deberá comparecer en la mencionada unidad administrativa con la documentación requerida, a efecto de que demuestre el fallecimiento del sujeto agrario, con la finalidad de que el citado Registro consulte en sus archivos si el titular de los derechos realizó el depósito de la lista de sucesión; en caso afirmativo, el Registrador, ante la presencia del promovente y de por lo menos dos testigos de asistencia, abrirá el sobre que contiene la lista de sucesión e informará el nombre de la persona designada. Asentados los datos en el folio correspondiente, el RAN procederá a expedir el o los certificados respectivos que acrediten los derechos otorgados en vía de sucesión. (Véase RIRAN arts. 84- 88, “Adjudicación”, “Adquisición de derechos agrarios” y “Testamento”.)
 
Aplicación supletoria. La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal ésta no se encuentra regulada en forma precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades. Los requisitos para hacerla valer son: que el ordenamiento que se pretenda suplir la admita expresamente y señale la normatividad supletoria; la previsión de la institución jurídica en el ordenamiento objeto de supletoriedad; que las normas existentes en dicho cuerpo jurídico no sean suficientes, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y que las disposiciones supletorias no contraríen las bases legales de la institución suplida. En lo no previsto por la LA se aplica supletoriamente la legislación civil federal y en su caso la mercantil, según el asunto de que se trate. En materia adjetiva se aplica supletoriamente el CFPC y respecto de medidas precautorias la LDA.
 
Aportación de tierras. La LA faculta a la asamblea de ejidos y comunidades para aportar tierras de uso común para la constitución de sociedades civiles o mercantiles. En dicha ley se prevén las formalidades y requisitos para la celebración de estas asambleas. (Véase, LA arts. 23 fracc. IX, 75, fracc. I, 100; “Sociedades civiles” y “Sociedades mercantiles”.)
 
Aprovechamiento de recursos naturales. Es el uso y disfrute de las tierras, aguas, bosques, fauna y de todos aquellos recursos naturales renovables y no renovables, propiedad de la nación o de los particulares que se efectúa conforme a las condiciones o requisitos que previene y ordena la legislación administrativa aplicable. El régimen legal vigente para el aprovechamiento de los recursos naturales propiedad de la nación, hace posible que los particulares puedan explotar, beneficiarse o aprovecharse en general de dichos recursos, a través de los procedimientos administrativos de la concesión y permiso.
Aprovechamiento sustentable. Es la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos.
 
Arbitraje. Facultad conferida por las partes en conflicto a una persona o institución para conocer y resolver sus diferencias en un asunto determinado, sin ajustarse a las reglas estrictas de un procedimiento jurisdiccional, atendiendo los principios de la equidad y buena fe. Es uno de los medios para resolver los conflictos entre sujetos agrarios en el ejercicio de sus derechos. (Véase RIPA arts. 5º, fracc. V, 21, fracc. V, 30, fracc. III, 41, inciso a, 45 y “Procuraduría Agraria”.)
 
Áreas naturales protegidas. Extensiones de tierra que por los recursos naturales que en ellas se encuentran, sean minerales, boscosos, acuíferos, de fauna, etcétera, se hallan bajo protección legal con el fin de conservarlos. Son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas; están sujetas al régimen previsto en la ley de la materia.
 
Arrendamiento. Contrato mediante el cual una persona llamada arrendador transfiere temporalmente el uso o goce de una cosa, a otra denominada arrendatario, quien paga por ello un precio cierto. La LA permite la celebración de este contrato a los núcleos respecto de sus tierras de uso común y a los ejidatarios y comuneros sobre sus parcelas.
 
Artículo 27 constitucional. Esta disposición contiene las bases generales que regulan las formas de tenencia en el medio rural; en específico, las referentes a la propiedad social. En él se establece el reconocimiento y personalidad jurídica de los ejidos y comunidades; la protección especial de sus tierras; su libertad para el aprovechamiento de sus recursos productivos, el derecho de los núcleos y sus integrantes para asociarse entre sí y con terceros; la aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles; la posibilidad de que los ejidatarios y comuneros puedan ceder sus derechos parcelarios, entre las más importantes. Asimismo, el referido artículo de nuestra Carta Magna determina el límite de la pequeña propiedad y prevé la creación de las instituciones competentes para la administración y procuración de justicia agraria.
 
Asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras (ADDAT). Es aquella que se verifica en ejidos y comunidades con las formalidades especiales previstas en la LA, en la cual los integrantes del núcleo determinan el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, reconocen el parcelamiento económico o de hecho, regularizan la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Igualmente, destina los terrenos al asentamiento humano, al uso común o al área parcelada a favor de ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados; dentro del PROCEDE es la culminación operativa del Programa.
 
Asamblea de información y anuencia. Dentro del PROCEDE es la asamblea en la cual la PA y el INEGI informan la naturaleza, objetivos y características de los trabajos a realizar en el Programa. En ella los integrantes del núcleo determinan su conformidad para incorporarse a él; esta asamblea es de formalidades simples y requiere para su validez el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad.
 
Asamblea de informe de la comisión auxiliar. Dentro del PROCEDE, es la asamblea en ejidos y comunidades en la que se les comunica el resultado de los trabajos preliminares en el desarrollo del Programa; generalmente se presenta a su consideración el croquis a mano alzada del plano interno del ejido, en el que se ubique en su caso la zona parcelada, la identificación de los sujetos de derecho y de los diferentes conflictos existentes entre ejidatarios y colindantes. Esta asamblea no requiere de formalidades especiales.
 
Asamblea del núcleo. En materia agraria es el órgano supremo del ejido o comunidad, con la organización y funciones que la LA y su reglamento o estatuto señalan, en la que participan todos los ejidatarios o comuneros legalmente reconocidos; sus resoluciones son obligatorias para todos los integrantes del núcleo. Los asuntos de competencia exclusiva de la asamblea están contenidos en el artículo 23 de la LA. Cabe mencionar que, contrario a lo previsto por la legislación derogada, en la ley vigente no se prevé la existencia de asambleas ordinaria mensual, de balance y programación y la general extraordinaria, por lo que únicamente se establece la asamblea de ejidatarios o comuneros, la cual se podrá celebrar con formalidades simples o especiales tomando en cuenta los asuntos a tratar. Al efecto, deberán cubrirse diferentes requisitos en cuanto a los plazos señalados en la convocatoria, quórum legal para su verificativo, mayorías establecidas para los acuerdos tomados y, en su caso, la participación de un fedatario público y un representante de la Procuraduría Agraria.
 
Asentamiento humano. Es el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran. En materia agraria es el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido o comunidad; es facultad de la asamblea señalar, delimitar y reservar las áreas necesarias para el asentamiento humano. Estas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten al municipio o entidad para dedicarlas a los servicios públicos. Para el ejercicio de estas acciones, la asamblea deberá respetar la normatividad aplicable y los planes correspondientes a nivel federal, estatal y municipal en materia de desarrollo urbano.
 
Asesoría legal a los sujetos agrarios. Es una de las atribuciones de la PA, que tiene como objeto informar, orientar y aconsejar a los sujetos agrarios respecto de sus derechos en la materia y la manera de ejercitarlos.
 
Asociación en participación. Es un contrato por el cual una persona concede a otras, que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio; no tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a registro. El asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados. Las asociaciones en participación funcionan, se disuelven y liquidan, a falta de estipulaciones especiales, por las reglas establecidas para las sociedades en nombre colectivo. Este tipo de contrato lo pueden formalizar los sujetos agrarios cuando el bien aportado sea una parcela.
 
Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC). Personas morales constituidas por dos o más ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural, que tienen como finalidad la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamiento, sistemas de comercialización y, en general, cualquier actividad económica. (Véase LA arts. 108-110 y “Figuras asociativas”.)
 
Audiencia. En materia agraria se le conoce comúnmente como el acto en el que comparecen sujetos agrarios y representantes de los mismos, ante la PA o alguna institución del Sector Agrario en el que plantean, exponen o denuncian problemas o irregularidades relacionadas con sus derechos; generalmente se levanta un acta de comparecencia en la que se hace constar los datos generales del interesado, su planteamiento y la atención al asunto por el servidor público responsable.
 
Audiencia arbitral. Acción pública del arbitraje, en la cual se escucha a las partes en conflicto y el árbitro nombrado examina las pruebas presentadas, con el fin de resolver el problema planteado mediante la emisión de un laudo arbitral. En materia agraria, cuando un servidor público de la PA es designado como árbitro, en la audiencia las partes exponen los hechos materia de la controversia, sus pretensiones y aportan las pruebas en que funden su dicho, previo a la emisión del laudo correspondiente.
 
Audiencia conciliatoria. Reunión en el procedimiento conciliatorio, en la cual las partes deliberan y, en su caso, realizan concesiones mutuas sobre el conflicto, a efecto de que lleguen a un arreglo, siendo moderadas y exhortadas por el conciliador. En materia agraria, de manera administrativa la PA efectúa audiencias conciliatorias entre las partes en litigio, para, de ser procedente, sensibilizarlos con el objeto de formalizar un convenio que dirima su controversia; de estimarlo, el servidor público responsable de la conciliación programa las audiencias conciliatorias que estime necesarias.
 
Audiencia de Ley. Se le conoce con este nombre a la audiencia establecida en el artículo 185 de la ley de la materia dentro del juicio agrario, en la cual las partes expresan oralmente sus pretensiones y ofrecen las pruebas que estimen conducentes a su defensa, presentando en su caso, a los testigos y peritos; asimismo, hacen valer en este acto todas las acciones, excepciones o defensas; en la audiencia el magistrado del tribunal unitario agrario que invariablemente deberá presidirla, podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a los interesados y en cualquier momento del acto, antes de pronunciar el fallo, exhortará a las partes a una amigable composición.
 
Auditorías contables a fondos comunes de ejidos y comunidades. Es el proceso de revisión documental que tiene por objeto evaluar y brindar una opinión profesional acerca de la administración y aplicación de los fondos comunes ejidales y comunales, que fueron creados al amparo de lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En su caso, es un servicio que puede proporcionar la PA de acuerdo con sus atribuciones.
 
Ausencias y suplencias de los magistrados agrarios. En términos del RITA, el Presidente del Tribunal Superior Agrario será suplido en sus ausencias por el magistrado que designe el Pleno; en las licencias que no excedan de un año, designará un presidente interino y cuando se trate de manera definitiva, se nombrará un nuevo presidente. Las ausencias de los magistrados de los tribunales unitarios serán cubiertas por los magistrados supernumerarios, conforme a la adscripción que señale el Tribunal Superior Agrario y según las necesidades del servicio. En caso de faltas temporales hasta por tres días, serán autorizadas por el Presidente del Tribunal Superior Agrario y las que excedan este periodo o las licencias hasta por un año, serán autorizadas por el Pleno del citado tribunal.
 
Autoridad responsable. Se considera con este carácter a la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; asimismo, la SCJN ha estimado que este término, para los efectos del juicio de amparo, es aplicable a las personas que disponen de fuerza pública, por disposición de ley o de hecho. En el juicio de garantías la autoridad responsable es parte, conjuntamente con el quejoso y el tercero perjudicado cuando éste exista. De manera general, el tribunal superior y tribunales unitarios agrarios son autoridad responsable cuando sus sentencias definitivas son impugnadas en juicio de amparo. Aun y cuando la PA no es considerada como autoridad en la materia, para efectos del juicio de garantías adquiere esta categoría, cuando omite realizar las funciones que por ley tiene encomendadas o cuando sus actos vulneran garantías individuales y derechos de los sujetos agrarios. (Véase LDA arts. 11 y 87, LA art. 200; “Juicio de amparo”, “Procuraduría Agraria” y “Sentencia en juicio agrario”.)
 
Avalúo. Operación de tasación o justiprecio (determinación del valor) de bienes, realizada con el objeto de servir de base para su venta y división, o para la liquidación de ciertos impuestos relacionados con el bien. Se genera un documento que contiene el valor determinado en el avalúo. En la legislación agraria, se establece la emisión de un avalúo en los siguientes casos: previo a la expropiación de tierras ejidales y comunales; tratándose de la enajenación de terrenos nacionales con fines turísticos, industriales o de cualquier índole no agropecuaria; cuando se realice la primera enajenación de las parcelas sobre las que se hubiese adoptado el dominio pleno; cuando un núcleo agrario acuerde transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles; tratándose de la enajenación de terrenos nacionales destinados a actividades agropecuarias. En los dos primeros supuestos el avalúo lo debe realizar el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN, antes CABIN); en los dos siguientes, lo puede formular el referido Instituto o cualquier institución de crédito y, en el último, lo realiza el Comité Técnico de Valuación de la SRA.
 
Avecindado. Mexicano, mayor de edad, que haya residido por un año o más en las tierras del ejido y que haya sido reconocido con ese carácter por la asamblea del núcleo o por el tribunal agrario competente. Los avecindados tendrán derecho, en su caso, a la asignación de derechos sobre tierras ejidales; a participar en la venta de los derechos correspondientes cuando no exista sucesor del sujeto agrario; a adquirir derechos parcelarios por enajenación; al derecho del tanto en la primera enajenación de parcelas con dominio pleno, y a ser integrantes de la junta de pobladores. Los avecindados son considerados sujetos agrarios y por ello les son proporcionados los servicios de la PA.
 
Avenencia. Ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. Jurídicamente se estima como la voluntad espontánea de cualquiera de las partes en un litigio para ponerle fin. En materia agraria, dentro de la audiencia de ley, exhortadas las partes por el magistrado del tribunal unitario agrario a una composición amigable, podrán avenirse y dar por terminado el juicio, suscribiendo el convenio respectivo. (Véase LA art. 185, fracc. VI, “Conciliación” y “Amigable composición”.)
 
Aviso de deslinde. Medio para notificar la delimitación de una superficie de-terminada. En materia agraria, se establece que para los terrenos baldíos la SRA llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias. El responsable de los trabajos formulará aviso de deslinde en el que señalará el lugar en el cual los interesados podrán consultar los planos relativos a los terrenos que se deslindarán.

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